Madrid, 18 de junio de 2009
La Comisión Permanente de la CEE ha aprobado una Declaración sobre el Anteproyecto de “Ley del aborto”. Los obispos, que en numerosas ocasiones han anunciado el Evangelio de la Vida y denunciado la cultura de la muerte, desean poner de relieve algunos aspectos del Anteproyecto en cuestión que, de llegar a convertirse en Ley, supondría un serio retroceso en la protección de la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y, en definitiva, un daño muy serio para el bien común.
La Declaración, titulada Sobre el Anteproyecto de “Ley del aborto”: atentar contra la vida de los que van a nacer, convertido en “derecho”, puede consultarse íntegramente en
http://www.conferenciaepiscopal.es/A continuación se ofrece un resumen periodístico, basado en los aspectos principales del texto aprobado por la Permanente:
I. La mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que va a nacer
El aspecto tal vez más sombrío del Anteproyecto es su pretensión de calificar el aborto como un derecho que habría de ser protegido por el Estado. El Anteproyecto establece un plazo de catorce semanas dentro del cual la voluntad de la madre se convierte en árbitro absoluto sobre la vida o la muerte del hijo que lleva en sus entrañas. Sin embargo, el derecho a la vida no es una concesión del Estado, es un derecho anterior al Estado mismo y éste tiene siempre la obligación de tutelarlo. En cambio carece de autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un atentado contra el derecho a la vida.
II. La salud como excusa para eliminar a los que van a nacer
La inclusión del aborto entre los medios supuestamente necesarios para cuidar la salud es de por sí una grave falsedad. Abortar nunca es curar, es siempre matar. Una auténtica política sanitaria debe tener en cuenta siempre la salud de la madre gestante, pero también la vida y la salud del niño que va a nacer.La imposición del aborto procurado en el sistema sanitario como prestación asistencial para la salud bio-psico-social de la gestante, a la que ésta tendría un supuesto derecho, lleva consigo la transferencia de la obligatoriedad a los profesionales de la sanidad. De este modo queda abierta la posibilidad de que no se respete a quienes por muy justificados motivos de conciencia se nieguen a realizar abortos, cargándolos arbitrariamente con un supuesto deber e incluso con eventuales sanciones. Es necesario reconocer y agradecer el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano.
III. Se niega o devalúa al ser humano para intentar justificar su eliminación
Sorprendentemente, el Anteproyecto no explica en ningún momento por qué fragmenta el tiempo de la gestación en tres períodos o plazos pretendidamente determinantes de diferentes tipos de trato del ser humano en gestación. Es necesario sostener la afirmación irracional de que durante algún tiempo determinado el ser vivo producto de la fecundación humana no sería un ser humano, porque sería muy duro reconocer que sí lo es y al mismo tiempo afirmar que se le puede quitar la vida simplemente porque así lo decide quien lo gesta. Sería tanto como reconocer que hay un derecho a matar a un inocente.
IV. No se apoya a la mujer para ahorrarle el trauma del aborto y sus graves secuelas
Este proyecto legal no manifiesta interés real por el bien de las mujeres tentadas de abortar y, en particular, de las más jóvenes. Se limita a despejarles el camino hacia el abismo moral y hacia el síndrome post-aborto.Agradecemos la dedicación de tantas personas que, en un número cada vez mayor de instituciones eclesiales o civiles, se dedican a prestar su apoyo personal a las mujeres gestantes y reconocemos el valiente testimonio público de las mujeres víctimas del aborto, que ayudan a la sociedad a recapacitar sobre un camino de sufrimiento ya demasiado largo. Las mujeres que se encuentran en esta dolorosa situación encontrarán siempre en la Iglesia el hogar de la misericordia y el consuelo.
V. Privar de la vida a los que van a nacer no es algo privado
El Anteproyecto de Ley presenta el aborto como si fuera un asunto privado ligado prácticamente sólo a la decisión individual de la gestante. Pero eliminar una vida no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública. La vida de los que van a nacer es un fundamental elemento constitutivo del bien común que merece especial protección y promoción. Se debería avanzar en las políticas de protección de la maternidad/paternidad, muy retrasadas respecto a los países de nuestro entorno.
VI. El Estado impone a todos una determinada educación sexual
Se comete la injusticia de imponer una determinada educación moral sexual, que, además, por ser abortista y “de género”, tampoco será eficaz ni como verdadera educación ni como camino de prevención del aborto. Es necesario permitir y promover que la sociedad desarrolle sus capacidades educativas y morales.
Conclusión: por el Pueblo de la Vida
El Evangelio de la vida proclama que cada ser humano que viene a este mundo no es ningún producto del azar ni de las leyes ciegas de la materia, sino un ser único, capaz de conocer y de amar a su Creador, precisamente porque Dios lo ha amado desde siempre por sí mismo. Cada ser humano es, por eso, un don sagrado para sus padres y para toda la sociedad. No ha de ser considerado jamás como un objeto subordinado al deseo de otras personas. Su vida no puede quedar al arbitrio de nadie, y menos del Estado, cuyo cometido más básico es precisamente garantizar el derecho de todos a la vida, como elemento fundamental del bien común.
Hablamos precisamente a favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor; hablamos a favor de las madres, que tienen derecho a recibir el apoyo social y estatal necesario para evitar convertirse en víctimas del aborto; hablamos a favor de la libertad de los padres y de las escuelas que colaboran con ellos para dar a sus hijos una formación afectiva y sexual de acuerdo con unas convicciones morales que los preparen de verdad para ser padres y acoger el don de la vida; hablamos a favor de una sociedad que tiene derecho a contar con leyes justas que no confundan la injusticia con el derecho.
